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20 de junio de 2013

Becas y desigualdad

No se exige bastante, basta con ser pobre. José Ignacio Wert no usó esas palabras para explicar por qué el Gobierno quiere cambiar el sistema de acceso a las becas, pero el fondo se parece mucho. El ministerio pretende que a partir del próximo curso se reduzca la cantidad básica a la que tienen derecho los becarios (entre 500 y 2.000 euros menos) y que el resto se complete con una partida variable que dependerá del nivel de renta, del rendimiento académico y del presupuesto que se destine a la convocatoria. El objetivo es premiar la excelencia y favorecer la meritocracia, pero ¿a costa de qué?

A pesar de todas sus carencias, el sistema de becas de nuestro país ha funcionado bastante bien durante décadas. El acceso a la universidad se socializó generaciones atrás y dejó de ser privilegio de unos pocos. La propuesta ministerial supone un retroceso: es la implantación del sálvese quien pueda -tan de moda- en el modelo de educación pública. El fin primigenio de las becas ha sido siempre garantizar que aunque todos no seamos iguales sí tengamos las mismas oportunidades. Esa premisa, clave en la ideología socialdemócrata, es, más que nunca, una utopía. Desde que empezó la crisis la desigualdad se ha disparado de una manera asombrosa en España. La fórmula que propone Wert es injusta, pero es que encima llega en el peor momento para muchos: la renta de las familias sigue hundiéndose, las tasas académicas están expulsando a muchos jóvenes de las aulas y todo apunta a que la crisis reducirá el dinero para becas.

Creo firmemente en la excelencia, en la motivación y en la cultura del esfuerzo como motor del cambio de cualquier sociedad, pero no así. Los datos demuestran que hoy los alumnos becados obtienen mejores calificaciones que el resto en todas las ramas académicas. Es decir, el sistema actual puede ser mejorable, pero no es un desastre. El dinero siempre ha tenido la capacidad de dibujar el futuro, pero no podemos permitir que se ponga en marcha un sistema que dejará a muchos estudiantes sin la posibilidad de seguir formándose. Es inadmisible que el Estado implante una reforma que se sustenta en criterios economicistas: disimuladamente nos están diciendo que no es rentable formar a gente que no vaya a ser excelente. Es posible que hayamos olvidado que el Estado no tiene que garantizar la viabilidad económica; su obligación es intervenir para que el dinero no nos aleje más. La pregunta que tenemos que hacernos cuando leemos noticias así es si es justo o no. Solo la respuesta nos dirá qué debemos hacer.

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