La honestidad no ayuda a solucionar todos los problemas, pero sí a ser más justos, que ya es bastante. Este lema sirve para casi todo; también para tomar partido en las prospecciones petrolíferas sin el riesgo de ser incoherente y, lo que es peor, insolidario. Desde que la guerra de las extracciones petrolíferas comenzó en 2001, Canarias -por ineficacia local o por inoperancia central- apenas ha diversificado sus fuentes de energía. Las cifras oficiales no dejan mucho margen a la subjetividad. La dependencia del petróleo en las Islas es hoy del 97%: la materia prima es fundamental para transportar mercancías en barco, hacer trayectos en avión, moverse en coche o, incluso, desalar agua. En un territorio fragmentado, con un desarrollo urbanístico tan nefasto que favorece el uso del coche, una densidad de vehículos muy superior a la media nacional y una penetración de las renovables ridícula, vivir sin petróleo es imposible. En el resto de España la situación no es mucho mejor: la escasez de energía es una constante que condiciona las relaciones con otros estados y hace extremadamente vulnerable a un país obligado a comprar fuera su energía. ¿Significa eso que tenemos que aceptar que Repsol perfore el lecho marino en busca de un oro negro en extinción?
En 2012 España tenía cuatro fuentes principales de crudo: México (14,7%), Nigeria (14,3%), Rusia (13,9%) y Arabia Saudí (13,3%). Irak, Libia y Venezuela se situaban a continuación en la lista de suministradores. Es decir, la energía que llegaba a nuestros hogares y arrancaba nuestros coches era proporcionada, en su mayoría, por regímenes capaces de elevar el PIB de sus países sin mejorar una décima la calidad de sus habitantes; sistemas, en definitiva, poco o nada democráticos que se caracterizaban por un escaso o nulo cumplimiento de los derechos humanos.
La seguridad energética es competencia estatal, pero el Partido Popular ha olvidado que en un sistema descentralizado como el español es una obligación, además de una cuestión de sentido común, llegar a acuerdos con las comunidades autónomas. Los ciudadanos canarios tenemos derecho a a exigir que la rentabilidad no sea privada y a poner en una balanza todos los perjuicios y beneficios que reportaría el petróleo. Por un lado, el riesgo de un vertido y su efecto demoledor en nuestro sistema productivo y en el ecosistema marino; por otro, todo el empleo, directo e indirecto, que genera una economía cimentada en el turismo. Entonces, si así lo creemos, podremos decidir que no vale la pena colocar plataformas petrolíferas en nuestras costas. Es comprensible decir que no, pero mejor si es sabiendo de dónde viene la energía que consumimos y lo simple y absurdo que es en un mundo global boicotear a Repsol por un enfado local. En la vida no siempre se puede ser coherente, pero sí honrado.
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