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14 de diciembre de 2011

Canarias: ¿pesca o roba?

Inestabilidad, contrapartidas financieras y problemas jurídicos. Los acuerdos pesqueros que la Unión Europea y Marruecos han ido rubricando desde 1988 siempre han dejado tras de sí muchas renuncias. Desde que el reino alauí empezó a utilizar sus recursos como motor de política exterior, el club europeo se ha topado cada vez con más dificultades para sacar partido a su flota, obtener beneficios y abastecerse. Estas complicaciones han afectado siempre a Canarias, que ha sufrido cada vez que Europa y Marruecos se han sentado a negociar sobre pesca. Hasta fechas relativamente recientes, los marroquíes no habían dedicado grandes esfuerzos a explotar sus caladeros. Los pescadores de Galicia, Canarias, Andalucía y el Levante faenaban en el litoral norteafricano, obteniendo de este duro trabajo una fuente importante de ingresos para unas regiones caracterizadas por una economía débil. Poco a poco el interés marroquí por sus aguas fue creciendo. De hecho, cobró tanta importancia que a finales de los años 60 Francisco Franco terminó devolviendo Ifni a Marruecos a cambio de que los pescadores españoles siguieran con sus capturas. Desde que en 1975 se firmaran los Acuerdos de Madrid y el Sáhara se quedara en un eterno limbo de indefinición jurídica, Canarias, España y Europa se han saltado el Derecho Internacional y han obviado todas las resoluciones de Naciones Unidas que dicen que el Sáhara tiene derecho a la descolonización.

La sorprendente decisión tomada hoy por el Parlamento Europeo puede ser un duro golpe para la maltrecha economía canaria, a pesar del declive de la pesca local, pero es una excepción que debe reseñarse: los eurodiputados han votado "no" teniendo en cuenta, entre otros aspectos, que el acuerdo vulnera el Derecho Internacional. Es decir, la flota española debe cesar inmediatamente sus actividades pesqueras en estas aguas. Una determinación que, aunque se ajusta más a la legislación, también trae muchas injusticias: las penurias que tendrán que vivir muchas familias al ver cómo su única fuente de ingresos se cierra repentinamente. Es una paradoja cruel, pero lo cierto es que manifestarse en las calles por la autodeterminación del Sáhara no está muy bien si al mismo tiempo les quitamos a los saharauis el pescado de sus mesas y permitimos que sigan viviendo en tiendas de campaña.

Esta decisión se tomó gracias a que el acuerdo fue rechazado por 326 votos. Doscientos noventa y seis parlamentarios respaldaron el convenio y otros 58 se abstuvieron. Ocho eurodiputados españoles, entre ellos dos socialistas y un popular, se posicionaron en contra de la prórroga provisional que permitía a la flota comunitaria faenar en aguas gestionadas por Marruecos hasta febrero de 2012. El acuerdo se estaba aplicando de forma provisional desde el pasado 28 de febrero, es decir, desde hace casi un año. Gracias al último acuerdo, los países comunitarios adquirieron 119 licencias de pesca (100 de ellas para España) por 36,1 millones de euros anuales.

El Gobierno español y el canario no tardaron en manifestar su total rechazo a la decisión del Parlamento Europeo basándose en las consecuencias económicas que esta decisión tendrá sobre los trabajadores del sector. Según la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de Canarias, en lo que va de 2011 las flotas artesanal y atunera del Archipiélago han capturado un total de 5,51 toneladas que suponen 7,18 millones de euros. Además, este cese de las actividades afecta también a otros sectores, como el de la descarga portuaria, los transportes y los servicios.

Un socio complicado
La incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, supuso que las competencias pesqueras fueran transferidas a la esfera comunitaria. La UE tiene la mayor superficie marítima del mundo, con 1.200 puertos, y la mayor flota mercante, que transporta el 90% del comercio exterior y el 40% del interior. Además, se ha erigido como la cuarta flota del mundo. Este sector da empleo a más de 350.000 personas en todo el continente. Por un lado, el hecho de que el Estado español pasara a formar parte del selecto club reforzó su capacidad negociadora. Por otro, tuvo que asumir que Marruecos utilizaría más sus recursos pesqueros como un arma al servicio de la política exterior. La prueba de ello es que Rabat ha presionado mucho a la UE para conseguir compensaciones en cada una de las negociaciones. Además, no ha tenido reparos a la hora de negarse a firmar acuerdos y obligar así al amarre de la flota.

Marruecos, un negociador sin derecho
Lo irónico de todo esto es que Marruecos no puede negociar con aguas que, en teoría, pertenecen al Sáhara. Al ser una colonia, este Estado no puede gestionar sus recursos. Debería hacerlo la potencia administradora del territorio, pero siempre que se comprometa a revertir los beneficios en el territorio hasta que éste logre su independencia. Marruecos no cumple este requisito porque considera que el Sáhara le pertenece y que no es una colonia. Sin embargo, lo cierto es que Marruecos ni siquiera puede considerarse potencia administradora. Una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, cuando todavía España administraba el territorio, demostró que no existen vínculos de soberanía entre el Sáhara y Marruecos. Además, Naciones Unidas no ha reconocido a Marruecos como potencia administradora. Es más, España es hoy la potencia administradora "de iure", aunque no “de facto”.

Esta es la teoría. En la práctica, la realidad es bien distinta. Como explica el profesor de Derecho Internacional y ahora Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas Institucionales, Fernando Ríos, “el respeto escrupuloso al Derecho Internacional es más la excepción que la regla. Solo hay que reparar en el conflicto de Israel y Palestina o en el del propio Sáhara. Marruecos no ya es que se considere potencia colonizadora, sino que por la fuerza de los hechos -en la práctica lo han reconocido Estados Unidos y la propia UE- entiende que el Sáhara es territorio nacional. Lo llama las provincias del sur”. La postura de la UE, España y Canarias legitima la capacidad negociadora de Marruecos. Todo ello a pesar de que los ciudadanos españoles siempre han estado muy comprometidos con la causa saharaui. Han salido a las calles a clamar por sus derechos. Lo han hecho hasta sus políticos. Trinidad Jiménez, antes de ser ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, se posicionó claramente con las exigencias canalizadas a través del Frente Polisario. Su perspectiva cambió cuando llegó al Gobierno. El 16 de febrero de 2011, en plenas negociaciones de la prórroga del convenio que acaba de ser rechazado por la Eurocámara, manifestó que el convenio debía incluir el banco sahariano.

Piratas contra piratas: el ejemplo de Somalia
Somalia es también un ejemplo de territorio con “mares fallidos”. Las diferencias entre el Sáhara y Somalia son insalvables, pero conviene recordar por qué se producen secuestros en el Cuerno de África que afectan a pescadores de la Unión Europea. En realidad, ellos no son los únicos malos de la película. En Somalia luchan piratas contra piratas.

Como explica el profesor de Relaciones Internacionales Fernando Fernández Fadón (en un análisis publicado en el Real Instituto Elcano), la piratería marítima no es un problema nuevo ni exclusivo de Somalia. “El impacto que tiene la pesca ilegal sobre las condiciones socioeconómicas de las comunidades pesqueras autóctonas de los países en desarrollo es un hecho constatado, entre otros, por la Comisión Europea, que estima que más del 50% del total de las capturas en Somalia, Liberia y Guinea Conakry son practicadas de manera ilegal Los datos de que se disponen para evaluar esas repercusiones no están muy actualizados a causa de la propia dinámica interna de Somalia, pero, según la FAO, unos 700 buques de compañías extranjeras faenan de manera ilegal en la zona de Somalia, siendo la pesca artesanal –que comprendía en 1990 el 60% de las descargas– la más afectada por la competencia directa de las flotas extranjeras, mientras que el 40% restante, que corresponde a la pesca industrial, se encuentra también mayoritariamente controlado por empresas foráneas. El hecho objetivo de que los pescadores somalíes puedan pescar cada vez menos afecta de una manera decisiva a las ya de por sí frágiles economías litorales y explica, en parte, el origen de la piratería en la zona y su uso por los grupos de piratas en Somalia como argumento retórico para justificar sus acciones”.

En definitiva, saltarse el Derecho Internacional puede tener efectos beneficiosos sobre la economía, pero también, a largo plazo, puede ser un problema de seguridad.




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