Corren malos tiempos para los rebeldes. El borrador de la nueva ley de Seguridad Ciudadana , que se hizo público ayer, revela que el miedo campa a sus anchas. El texto recoge como infracción muy grave participar en una manifestación ante el Congreso o cualquier otra institución del Estado si la protesta no se ha comunicado previamente o no ha sido autorizada. Además, quienes utilicen Facebook o Twitter para convocarla o difundirla también se enfrentarán a multas que pueden llegar a los 600.000 euros. Hay muchas más novedades, como castigar el botellón, el daño al mobiliario urbano o deslumbrar con punteros láser a pilotos, maquinistas o conductores de autobús, pero estas propuestas han quedado eclipsadas por la batería de medidas que los populares parecen haber redactado para evitar más réplicas del movimiento 15-M. La norma, como casi todas, incorpora algunas sanciones que la mayoría de los ciudadanos aplaudiría, y que tienen que ver con la cultura cívica, pero también demuestra alg...